PLAN DE GOBIERNO

VICEPRESIDENTE ANDRES PASTRANA

El Sector Agrícola Colombiano

El sector agropecuario afronta en la actualidad una compleja coyuntura, ante la cual es necesario que el Gobierno Nacional tome una serie de medidas urgentes, que ante la sensación de vacío existente le devuelvan la confianza y la estabilidad al sector.

A pesar de los esfuerzos del Estado por lograr una solución a los problemas de inseguridad, los índices de asesinatos y secuestros aumentan cada día. Muchos de estos delitos están siendo cometidos por organizaciones subversivas, pero otra gran parte son obra de delincuentes comunes. La estrategia contra la violencia, diseñada por el Gobierno Nacional, no está dando los resultados esperados.

Como bien lo manifestara el Presidente de la República, con los recursos de la reforma tributaria se requiere, con carácter urgente, incrementar la presencia permanente de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en todo el territorio del país, así como el afianzamiento de las instituciones judiciales. La Nueva Fuerza Democrática espera que estos recursos sean destinados para este fin.

El difícil balance que está tratándose de lograr en el mercado cambiario, intentando diferenciar la procedencia de los capitales, para desincentivar los capitales malos sin que repercutan sobre las exportaciones, terminan por afectar nuevamente al sector agropecuario no exportador, ya que la revaluación de hecho sobre las divisas en efectivo incrementa el contrabando a través de las fronteras con Ecuador y Venezuela.

Esta situación amerita medidas en tres campos complementarios:

(1) en la implementación de una política de estabilización de corto plazo que controle el ingreso de capitales repatriados, sin perjuicio de introducir estímulos al ingreso de capitales hacia la inversión productiva en el país.

(2) Sin embargo, en la medida en que esta política pueda generar un mayor diferencial cambiario, el Gobierno Nacional debe actuar de manera urgente en ejercer un mayor control aduanero en las fronteras con Ecuador y Venezuela.

(3) Se debe redefinir la protección que el Gobierno ha dispuesto a través de las franjas de precios, de manera que ellas tomen en cuenta la revaluación del peso y otras condiciones del mercado internacional, que permiten una competencia desleal en contra del agro colombiano.

Por muchos años el Estado ha tenido abandonado al campesino colombiano. Los jornales, en términos reales, del sector agropecuario han venido decayendo sistemáticamente. El país no podrá recuperar la paz en el campo mientras no haga un esfuerzo por recobrar la calidad de vida de los campesinos.

A la inseguridad, a la crisis de precios y a la desprotección acelerada del sector se han superpuesto otros factores, entre los cuales adquiere especial importancia la crisis institucional del Estado. Esta se refleja especialmente en el sector agropecuario, en entidades como el Idema y la Caja Agraria.

En años anteriores, el Congreso Nacional aprobó una capitalización de la entidad. A hoy, el Gobierno le adeuda a la entidad una suma cercana a los 59 mil millones de pesos. Estos recursos se requieren urgentemente para que la entidad pueda continuar desarrollando su objetivo social. Esta capitalización debe, necesariamente, ir acompañada de una reestructuración y un compromiso de eficiencia por parte de la entidad.

Para el sector agrícola es imprescindible que tanto en la Caja Agraria como en el sector financiero, se revisen las condiciones de prórroga para créditos vencidos para algunas regiones y sectores que han sido golpeados duramente por algunos de los factores que inciden en la crisis: la inseguridad, el verano, la baja de precios internacionales, las dificultades de mercadeo, el contrabando, etc.

Es necesario tener en cuenta que las propuestas planteadas en el Estatuto de Desarrollo Rural se han venido implementando ya mediante la aplicación de las 15 estrategias para el agro planeadas por este gobierno, de las que se destacan:

1. Un plan de crecimiento de maíz tecnificado

2. Programa de Reactivación de algodón

3. Cultivos de tardío rendimiento: cacao, palma, entre otros

4. Acuicultura

5. Redoblamiento bovino en zonas especiales

6. Desarrollo de una muestra de empresa silvopastoril: esto en el César, replicable en la Guajira y en Magdalena.
7. Adecuación de tierras

8. Introducción de los organismos genéticamente modificados.
9. Alianzas comerciales entre pequeños asociados campesinos y microempresas rurales con empresarios agrícolas.
10. Bancos de maquinaria

11. Financiamiento rural: esto para FINAGRO y el banco agrario.

PROPUESTAS ALTERNATIVAS

Frente al despotismo y el cinismo con que se vienen implementando las políticas del estado en campo colombiano, la experiencia de otros países ha demostrado que la única forma de contrarrestar tan nocivas políticas es la unión de los diferentes procesos organizativos de comunidades negras, indígenas y campesinas pobres, quienes están siendo afectados de manera más directa con estas medidas.

Para las comunidades en cuestión es fundamental un régimen especial que proteja y blinde sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales ante la implementación de políticas como el Estatuto de Desarrollo Rural, que pretende desconocer la autonomía de las minorías y pueblos originarios. Pese a que en este proceso de discusión y aprobación de dicho “Estatuto”, no han tenido participación las comunidades rurales, estás han decidido realizar acciones y pronunciamientos concretos frente a la oposición a dicho estatuto, y a la forma como atenta contra todos sus derechos.

Desde hace varios años las comunidades han ido construyendo propuestas alternativas, como las expresadas desde el mandato agrario y mandato indígena y popular. Propuestas que mantienen su vigencia como el “Respeto al derecho inalienable a la vida de todas las colombianas y colombianos. Garantía efectiva al derecho a la vida digna y al bienestar, que exige el reconocimiento de los sujetos colectivos”. Derechos que hoy más que nunca se ven amenazados al negar toda posibilidad de soberanía alimentaria de las comunidades y el derecho al retorno de las mismas a sus territorios. Uno de los llamados desde el mandato agrario que cobra importancia es que “Todos los pueblos necesitan asociarse a partir de la solidaridad y el respeto a sus derechos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales”; sin lugar a dudas el camino es la unión y solidaridad entre las comunidades y los pueblos para hacer frente a las políticas lesivas que se implementan desde el estado.

Otra de las propuestas que se vienen trabajando desde las organizaciones sociales y campesinas es el proyecto de ley 99S – 2006, que a pesar de no haberse acumulado en la Comisión Quinta del Senado para generar una discusión realmente democrática, teniendo en cuenta las comunidades rurales, debe por su grado de importancia convertirse en un pilar fundamental de las luchas campesinas, indígenas y negras, entre otras.

Entre los elementos más relevantes de dicha propuesta se encuentran:

1. Construcción de alternativas al TLC y al modelo de desarrollo impuesto por el sistema neoliberal.

2. Demostrar que las comunidades pueden tener, desde sus procesos autónomos de producción, una soberanía alimentaria que garantice el bienestar de las comunidades.

3. Posibilitar en las comunidades mejores ingresos a partir de la producción de sus propios productos.

4. Generar procesos que permitan la implementación de tecnologías limpias y apropiadas, donde prime la conservación del medio ambiente.

5. Respetar la diversidad ambiental, económica y cultural de las comunidades.

6. Aportar a propuestas que permitan la distribución equitativa de la tierra y el retorno de las comunidades campesinas desplazadas a sus lugares de origen.

7. Fortalecer los procesos que han desarrollado las comunidades rurales como: Las reservas campesinas, resguardos indígenas, y territorios colectivos Afrocolombianos.

8. Determinar la responsabilidad que tiene el INCODER en el ordenamiento social y cultural de la propiedad.